Tensión y resistencia obrera en el Ingenio San Isidro
A partir del conflicto entre trabajadores y la patronal del Ingenio por las indemnizaciones de más de 700 despidos, después de haber notificado los trabajadores al gobierno provincial que quieren una reunión para solucionar este problema sin tener que llegar al conflicto. Por su parte, el Gobierno de Sáenz tomó posición a favor de los empresarios. El ingenio está militarizado por la policía.
Son tiempos difíciles para clase obrera Argentina, pero este conflicto data de 2018, cuando durante la presidencia de Mauricio Macri el Grupo Gloria (peruano) presentó un Proceso Preventivo de Crisis a pesar de haber alcanzado récord de ganancias. “Esto va a suceder siempre que exista un gobierno permisivo, liberal y que esté del lado de los empresarios y no de los trabajadores”, afirmó en aquel momento Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, a El Tintero de Salta.
A raíz de aquella situación, el sindicato de los trabajadores llevó adelante marchas de Campo Santo a Güemes y de Campo Santo a Casa de Gobierno, en la capital provincial. “Las multinacionales no dejan de ganar. Acá lo que buscan es reestructurar, despedir y pagar el 50% de la indemnización, como nos pasó a nosotros”, describía en ese entonces Cuenca.
Luego de que el gobierno de Urtubey afirmara a través de Fernando Yarade, jefe de gabinete en aquel entonces, que era imposible la expropiación llegó la negociación con el actual grupo comandado por los empresarios Diego Ruiz y Jorge Rocchia Ferro, de origen tucumano. Un dato no menor: Rocchia Ferro figuraba en los papeles encontrados en el “búnker” de José López, exsecretario de Obras Públicas en 2014 que fue descubierto arrojando bolsos con dinero en un monasterio.
La llegada de este "nuevo grupo inversor" no desactivó la mala relación de la patronal anterior con el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros San Isidro, sino que muy por el contrario, profundizó el desgaste reincorporando solo a 150 trabajadores promoviendo a su vez la desafiliación masiva del sindicato como requisito excluyente.
La reincorporación de mano de obra fue mínima, y en muchos casos, quienes estaban próximos a jubilarse luego de años de servicio en el ingenio se quedaron sin fuente laboral y sin jubilación. La mayoría de los despedidos comenzó a gestionar la indemnización correspondiente que ni el Grupo Gloria ni los tucumanos estaban dispuestos a pagar.
En este contexto, en diciembre de 2019 asumió la gobernación de la provincia Gustavo Sáenz, quien lejos de interiorizarse y bregar por un acuerdo justo a través del ministro de trabajo Ricardo Villada, decidió enviar a Martín de los Ríos (ministro de la producción) para que interceda.
En una clara muestra de desinterés, el gobierno de Sáenz tomó postura a favor de la patronal y avaló que como forma de no pagar las indemnizaciones que les corresponden a los más de 700 de obreros despedidos en 2018 -y también a quienes fueron reintegrados quitándoles la antiguedad al hacerse cargo de la empresa-, los hermanos Ruiz pretenden “regalarles” minúsculos pedacitos de tierra en la localidad de Campo Santo en los que no hay agua potable, luz, gas ni posibilidades concretas instaladas para construir siquiera un rancho de chapa o adobe.
"Esta trampa fue pergeñada en secreto desde hace tiempo entre empresarios tucumanos dueños de vidas y haciendas y funcionarios del gobierno provincial", advirtió Mariano Cuenca a El Tintero de Salta y aseveró. "El gobierno provincial no puede estar convalidando esto, ya que se trata de una maniobra para estafar a los trabajadores y el gobierno está apareciendo como amigable componedor. Es una vergüenza".
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