Tensión y polémica: así asumieron los nuevos concejales de Salta
Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se celebró la sesión de asunción de los nuevos miembros del Concejo Deliberante de Salta —once bancas renovadas tras las elecciones de mayo— en una jornada marcada por polémicas, debates de legitimidad y dudas sobre el futuro del cuerpo legislativo.
Quiénes ingresaron (y quién volvió a jurar)
Entre los que asumieron sus bancas figuran:
- Pablo Emanuel López – el concejal más votado con 86.632 votos (35,54 %).
- Víctor Manuel Lamberto
- María Florencia León
- Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros
- Eliana del Valle Chuchuy
- Laura Cecilia Jorge Saravia
- Carlos Maximiliano Casasola
- Gustavo Farquharson
- Erica Yanina Castro Nievas
- Laura Zulema García
Estos concejales representan los distintos bloques que resultaron de los comicios, principalmente La Libertad Avanza (LLA) —que obtuvo seis bancas—, el bloque oficialista Por Salta y otros espacios minoritarios.
Por su parte, el edil Darío Madile fue ratificado como presidente del Concejo, encabeza el bloque mayoritario junto a figuras como Lamberto, Chuchuy, Farquharson y otros.
La polémica gira en torno a Pablo López
Durante su juramento, desde el público se escucharon gritos de reproche: “¡Qué vergüenza, cómo lo van a aplaudir!”, según relatos periodísticos.
Autoridades del Concejo, como Madile, justificaron su aceptación alegando que legalmente no existía impedimento para que López reasuma su banca, según lo que establecen la normativa interna y la Carta Municipal.
Aun así, casi de inmediato surgieron voces que adelantaron la intención de pedir su destitución nuevamente, por lo que su regreso podría estar lejos de una aceptación unánime.
Consecuencias para el Concejo: fragmentación, fragilidad institucional y un futuro incierto
El nuevo mapa político del Concejo muestra una conformación fragmentada: bloques grandes conviven con monobloques y fuerza minoritarias, lo que sugiere una dinámica legislativa compleja.
La ratificación de Madile como presidente fue presentada como una apuesta a la “pluralidad”, aunque muchos cuestionan —como ciudadanos y organizaciones sociales— la “ética mínima” de reintegrar a una figura con denuncias tan graves.
Para una ciudad como Salta, que atraviesa múltiples desafíos sociales, económicos y de seguridad, la duda sobre la legitimidad moral de sus representantes —y sobre si las comisiones internas funcionarán de forma transparente— pone en tela de juicio el compromiso real con los vecinos.
Crítica: ¿renovación o regresión democrática?
La renovación del Concejo debería haber sido una oportunidad para recomponer la confianza ciudadana, renovar prácticas, garantizar transparencia, diversidad y —sobre todo— responsabilidad. Pero la reincorporación de Pablo López arruina ese relato. Que un concejal denunciado por violencia de género y presunta extorsión vuelva a ejercer un cargo legislativo pone en evidencia una doble vara institucional: mientras muchas mujeres siguen sufriendo violencia sistemática, sus denunciantes parecen ignoradas por los mecanismos de representación.
Ese gesto no solo deslegitima al cuerpo deliberativo, sino que aliena a una parte importante de la ciudadanía que exige coherencia entre discurso y acción. La ética pública no puede limitarse a un formulario o al cumplimiento técnico de normas: debe incluir un compromiso real con los derechos humanos y la dignidad de las personas.
La pluralidad legislativa —celebrada por sus defensores— queda vacía si quienes integran esas bancas arrastran denuncias graves. Y la palabra “representación” adquiere un tinte irónico cuando esos representantes no representan los valores mínimos de respeto y justicia.
Mientras las autoridades defienden la legalidad del proceso, muchos ciudadanos esperan que haya un gesto real de rendición de cuentas: que se active la comisión interna, que se evalúe la conducta, que se escuche a las víctimas. Caso contrario, esta asunción pasará a la historia como un retroceso.
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